- En la mañana de este jueves el gobernador, denunció ante la fiscalía al interventor Pablo Adriano Vera, por los supuestos hechos de usurpación de la función pública.
- Esto se funda por los supuestos excesos cometidos por parte del interventor, al nombrar a Marta Elizabeth Caballero, Oscar Rubén Martínez Melgarejo y Richard Benítez Pereira, según afirma Vera Báez.
- El mandatario, solicita la investigación de los supuestos hechos de usurpación de funciones públicas, cometidas en la institución, sindicando al supuesto autor Pablo Insaurralde Vera.
En la mañana de este Jueves Juan Carlos Vera Báez, denunció ante la fiscalía al interventor Pablo Adriano Vera, por los supuestos hechos de usurpación de la función pública.
Según decreto presidencial N° 7279 el 23 de junio del 2022, el Poder Ejecutivo, había dispusto la intervención de la Gobernación de Guairá, designando al hoy denunciado Pablo Vera Insaurralde, como interventor.
Según la ley 317/94 “la designación de un funcionario se escapa a las atribuciones de un interventor”.
Esta denuncia se funda por los supuestos excesos cometidos por el interventor al nombrar a personas ajenas a la institución a ocupar cargos públicos: “Marta Elizabeth Caballero, Oscar Rubén Martínez Melgarejo y Richard Benítez Pereira”.
“El interventor no podrá ampararse en la ley N° 42694, de la carta orgánica departamental, para justificar la usurpación de la función en relación que su cargo, ya que es la de un administrador temporal con fines específicos”, según consta en la denuncia realizada de Juan Carlos Vera.
Por otra parte, “el trabajo de Pablo Vera, es solo la de verificar la utilización de los fondos Covid-19, que ha recibido la gobernación de Guairá, para reactivar la economía”. Sus atribuciones se limitarán a la dirección del personal y la ejecución presupuestaria mientras duré la intervención, según reclamó el Gobernador apartado.
Según el artículo 241, del código penal “Usurpación de las funciones públicas”
El que sin autorización asumiera o ejecutará una función pública o realizará un acto sin autorización, “será castigado con pena de libertad de hasta tres años o con multa”.
Por otra parte, en la denuncia realizada por el Gobernador de Guairá, menciona que el nombramiento que realizó el interventor Pablo Adriano Vera Insaurralde, viola el Art. 5 de la ley 317/94, porque debe reunir los mismos requisitos para ocupar el cargo de gobernador.
“tener buena conducta, lo cual este señor deja mucho que desear, en relación a los procesos penales en la que se ha sometido” aparece en la denuncia patrocinado por el Abogado Ramiro Sisul.
