- Informe final sobre la intervención de la gobernación de Guairá ingresó a la Cámara de Diputados y aparentemente será tratado en una sesión extraordinaria.
- La gestión del cartista, Juan Carlos Vera Báez, fue intervenida por la supuesta malversación de los fondos destinados para la emergencia por Covid-19, de unos US$ 2 millones.
- La intervención está encabezada por Pablo Vera, designado por el Poder Ejecutivo.
El pasado 5 de setiembre el interventor Pablo Vera, designado por el Poder Ejecutivo, presentó una denuncia contra el gobernador Juan Carlos Vera Báez, por cuatro hechos punibles, ante la fiscalía Anticorrupción con sede en Asunción.
En la mañana de este lunes llegó el informe final de la auditoria a la Cámara de Diputados, que será tratado, aparentemente, en una sesión extraordinaria, de acuerdo a lo informado por el vicepresidente, Angel Paniagua (ANR)
“Vamos a tratar ese tema en una extraordinaria para resolver sobre la situación de Juan Carlos Vera, si seguirá en su cargo o si se le destituye” dijo el diputado Paniagua.
El pasado 5 de septiembre Pablo Vera Insaurralde, denunció a Vera Báez ante la fiscalía Anticorrupción de Asunción, con el respaldo de los concejales Departamentales de Guairá, Juan Rojas, Jorge Vázquez y Víctor Fernández.
Esto por las supuestas causas de hechos punible contrala prueba documental, lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso, por lo que el equipo interventor urgió la designación de un agente fiscal para el inicio de una investigación inmediata, sobre las denuncias realizadas.
“La administración estaba muy desordenada y la auditoria interna no funcionaba, a pesar que ya entregamos todo el informe final, nos quedaremos hasta el 23 de setiembre, para tratar de dejar en las mejores condiciones la administración de la gobernación” dijo Pablo Vera, a través de una entrevista con GuairaPress, la semana pasada.
La intervención a la administración del gobernador de Guairá Juan Carlos Vera será hasta el 23 del corriente. El mismo volverá a ocupar su cargo si no existe una imputación o pedido de prisión por parte del Ministerio Público, o el pedido de destitución que será estudiada por los diputados.
