- En una cita para entrevista periodística el hombre de nacionalidad española, Alex García Castro, amenazó al director periodístico de Canal 8 de la ciudad de Villarrica.
- Posteriormente fue difundido un audio en el que afirmaba que pagó G. 7.000.000 para que se le mate o haga daño a la fiscal de la causa y al propio periodista.
- García Castro es un supuesto empresario quien presentó proyecto de construcción de la terminal de ómnibus de Villarrica a la propia Junta Municipal y se reunió en varias ocasiones con el intendente, Magín Benítez.
En la mañana de este lunes se concretó la primera audiencia para Juicio Oral y Público contra del español, Alex García Castro, quien fue acusado por coacción, amedrentamiento y amenaza de muerte al periodista, Gastón Ortiz, de Villarrica.
En la primera audiencia el acusado, acompañado de su abogado Jesús González, se abstuvo de declarar. Sin embargo, el periodista de Canal 8, dio su declaración testifical ante el Tribunal conformado por su presidente, Porfirio Martínez y los miembros, Julio Alfonso Vera y Víctor Ortigoza Aguirre.
Gastón Ortiz se presentó a la audiencia con la agenta fiscal, Sonia del Carmen Saguinés Bidondo, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles Contra los Derechos Humanos, Unidad 2 de Asunción.
El 21 de julio del 2022, Alex García Castro y Gastón Ortiz acudieron a una cita para una entrevista periodística, en una cafetería céntrica de la ciudad de Villarrica. Había varios asuntos de interés público que abordar con el español quien se presentó como un inversionista ante la Junta Municipal de Villarrica, con un proyecto de construcción de la Terminal de Ómnibus en dicha ciudad, que tendría una inversión aproximada de USD 1 millón.
“Fue en ese momento que fui amedrentado por esta persona”, relata el periodista sobre el suceso registrado en el lugar. Afirmó que fue en un lugar público donde se registró el primer acto de coacción por parte del supuesto empresario.
Posteriormente fue difundido un audio en el que se escucha al español mencionar que ha pagado G. 7 millones para que maten al periodista y a la propia fiscal del caso, por lo que la situación se fue agravando.
“Esperando a que venga la gente para pagarle. Para que maten a ese hijo de puta y maten a la maldita fiscal de mierda”, decía en un audio filtrado a los medios por otro periodista guaireño. Afirmó que pagó y ordenó matar al jefe de Prensa de Canal 8 debido a que no dejó sin efecto la denuncia de amenaza de muerte que el comunicador radicó en su contra a mediados de julio pasado ante la Policía.
Alex García Castro fue cuestionado por varios medios ante las presentaciones de proyectos fantasiosos a políticos y autoridades, pretendiendo lograr incluso apoyo oficial de instituciones como la Junta Municipal y de la propia intendencia para lo cual se reunió en varias ocasiones con el propio intendente, Magín Benítez y su mamá, Constancia Benítez quien en aquel entonces ostentaba el cargo de Concejal Municipal.
La audiencia iniciada este lunes tuvo un cuarto intermedio y continuará el próximo viernes con declaraciones de los involucrados incluido los testigos del caso.
“Lo que yo deseo es que este juicio termine con una sentencia que siente un precedente judicial sobre los ataques a la libertad de prensa y que sea un fallo ejemplificador. Que la sentencia se convierta también en un mensaje a favor del periodismo. Que en juicio se concluya finalmente que amedrentar, coaccionar, amenazar a un periodista para que deje de hacer su trabajo, para que deje de publicar, es limitar la libertad de prensa y es un hecho punible castigado por la Justicia. Que se demuestre en un fallo judicial que el Estado paraguayo protege a los periodistas y el ejercicio del periodismo, que demuestre que castiga los ataques a la libertad de prensa. Y que quede como precedente del Estado, a través de la Fiscalía y el Poder Judicial, protege tanto la libertad de prensa como, por extensión, el derecho ciudadano a recibir información“, dijo el periodista, en contacto con GuairaPress.
Si se logra una sentencia, habrá un primer precedente. Es decir, amedrentar, coaccionar, amenazar a un periodista para que deje de publicar sería considerado -efectivamente- un delito, tras comprobarlo en juicio oral y público.
